El Negocio de los Muertos: La Cara Más Vil de la Corrupción en Salud

Ciento cuarenta y ocho dólares con cincuenta centavos

En abril de 2020, mientras Guayaquil se convertía en la imagen más aterradora que América Latina le dio al mundo durante la pandemia —cuerpos abandonados durante días en las aceras, familias enteras suplicando por una ambulancia que nunca llegó, un sistema de salud absolutamente rebasado por la muerte—, dos funcionarias del Hospital IESS Los Ceibos firmaron una compra que la Contraloría General del Estado terminaría documentando con precisión forense: cuatro mil fundas para cadáveres, adquiridas a 148,50 dólares cada una, cuando su precio de mercado no superaba los 12 dólares. Un sobreprecio del 1.311%. No hablamos de una cifra abstracta en un informe técnico. Hablamos de dinero público extraído, funda por funda, directamente del cuerpo de cada persona que Guayaquil no pudo salvar. La Fiscalía detuvo a la gerente del hospital y a la subdirectora administrativa. Un miembro de la farándula de ese país, señalado como autor directo de la adjudicación amañada, fue condenado a trece años de prisión. Otros nombres vinculados a la política del momento y de tiempos pasados, quedaron señalados por la Fiscalía como parte de una presunta red que habría operado también en el hospital Teodoro Maldonado Carbo.

Conviene detenerse en la naturaleza exacta de este crimen, porque no es un robo cualquiera. Es un robo que solo puede cometerse sobre un cadáver. Requiere, para consumarse, que alguien haya muerto primero. No hay sobreprecio en fundas mortuorias sin una fila de muertos esperando ser envueltos en ellas. Eso convierte a la corrupción en salud pública en algo cualitativamente distinto de la corrupción en una obra vial mal ejecutada o en un contrato de papelería inflado: aquí el negocio no depende de que la obra pública funcione mal, depende de que la gente siga muriendo. Cuantos más muertos, más fundas. Cuantas más fundas, más ganancia. El incentivo económico y la tragedia humana quedan, en este tipo de corrupción, perfectamente alineados en la misma dirección, y ese alineamiento es lo que la vuelve, entre todas las formas de robo al Estado, la más indefendible.

El filósofo inglés Thomas Hobbes explicó, en el siglo XVII, por qué los seres humanos aceptan ceder poder a un Estado: para escapar de un estado de naturaleza donde la vida, en sus propias palabras, es "solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta". El Estado —el Leviatán— existe, en el fondo, para una sola tarea que justifica todas las demás: proteger la vida de quienes le entregaron su obediencia. Cuando un funcionario convierte los fondos destinados a salvar esas vidas en una fuente de enriquecimiento personal, no está cometiendo una falta administrativa. Está traicionando la única razón por la que el Leviatán tiene derecho a existir. Un Estado que permite que sus hospitales se conviertan en mercado de cadáveres ha dejado de cumplir, en el sentido más literal posible, el contrato que le dio origen.

Un siglo y medio antes, el mismo Robo con otro nombre

Quien crea que esta clase de robo es una patología reciente, una importación moderna del subdesarrollo latinoamericano, debería conocer Nueva York en la segunda mitad del siglo XIX. Allí gobernaba Tammany Hall, la maquinaria política que controló durante décadas la ciudad a través de un sistema que sus propios operadores llamaban, sin ningún pudor, "el botín": empleos públicos, contratos de obra y favores legislativos repartidos a cambio de lealtad y de dinero que volvía, en cascada, a las arcas del partido. William "Boss" Tweed llevó ese sistema a su versión más grotesca entre 1850 y 1873, inflando obras públicas hasta cifras que hoy nos resultarían cómicas si no hubieran sido pagadas, letra por letra, con los impuestos de los más pobres de la ciudad. Y ese sistema no se detenía en las calles y los puentes. En 1868, la Asociación de Ciudadanos de Nueva York publicó un informe que investigó, con el título más burocrático y el contenido más demoledor, la condición de las instituciones bajo el cargo de los Comisionados de Caridad y Corrección pública: es decir, los hospitales municipales, los asilos y las casas de beneficencia donde la ciudad enviaba a morir a quienes no tenían con qué pagar un médico privado. Los reformistas de la época ya denunciaban lo mismo que denunciamos hoy: que la asistencia pública se había convertido en un canal más de patronazgo, un lugar donde los contratos de suministro —camas, mantas, alimento, medicinas— se adjudicaban no a quien ofrecía el mejor precio, sino a quien pagaba la comisión correcta al hombre correcto del partido correcto.

El paralelo no es una coincidencia decorativa. Es la misma estructura de poder repitiéndose porque las condiciones que la producen —opacidad en la contratación, ausencia de auditoría independiente, una población de pacientes demasiado pobre, demasiado enferma o directamente demasiado muerta para reclamar— no han desaparecido en siglo y medio; simplemente han cambiado de idioma y de moneda. Nicolás Maquiavelo, en sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio, describió este fenómeno con una palabra que sus traductores rara vez logran verter con toda su fuerza al español: corruzione. No hablaba únicamente de un funcionario que roba. Hablaba de algo más profundo y más terminal: el momento en que el interés privado sustituye por completo a la virtud cívica dentro de una república, aunque sus edificios, sus elecciones y sus instituciones sigan en pie, funcionando en apariencia con normalidad. Una república corrompida en el sentido de Maquiavelo no colapsa de golpe. Sigue teniendo hospitales, ministerios, contralorías y jueces. Lo que ya no tiene es la certeza, compartida por todos los que la habitan, de que esas instituciones existen para servir a la gente y no para servirse de ella. Bajo ese criterio, tanto el Nueva York de Tweed como el Ecuador de las fundas para cadáveres son, con exactitud técnica, repúblicas corrompidas: no por lo que sus leyes dicen en el papel, sino por lo que sus funcionarios hacen cuando nadie —creen ellos— está mirando.

El Depredador elige siempre a la presa que No puede gritar

Ningún corrupto racional roba primero en el sector donde hay más control. Roba donde encuentra las tres condiciones que la salud pública, en cualquier país, ofrece con una generosidad obscena. La primera es la emergencia: una pandemia, un terremoto, un brote, cualquier catástrofe que permita invocar la "contratación de urgencia" para saltarse los concursos, los pliegos, las tres cotizaciones obligatorias —exactamente el mecanismo legal que permitió comprar fundas para cadáveres sin las validaciones normales, y exactamente el mismo mecanismo que, en Brasil, en junio de 2021, permitió que el Ministerio de Salud negociara la compra de veinte millones de dosis de la vacuna india Covaxin a 15 dólares cada una —la más cara entre todas las opciones disponibles, con un sobreprecio documentado por la comisión investigadora del Senado brasileño en más del 1.000%, y con una coima que un funcionario del propio ministerio denunció directamente al presidente Jair Bolsonaro, quien, según el informe final de esa comisión, prefirió no denunciarla ante la policía—. La segunda condición es la opacidad técnica: casi nadie fuera del gremio médico sabe cuánto debería costar un ventilador, un vial de propofol o una funda mortuoria, lo que vuelve el sobreprecio invisible para cualquier auditor que no sea especialista. La tercera, la más repugnante de las tres, es que la víctima de este robo específico no puede denunciarlo. Está muerta. O agonizando. O enterrando a alguien y demasiado destrozada como para perseguir una factura. El corrupto de la salud no le roba a un ciudadano que puede ir a la prensa al día siguiente. Le roba a alguien que ya no tiene voz, y a una familia a la que el duelo le ha arrebatado, por un tiempo que el ladrón sabe calcular con precisión, la capacidad de exigir justicia.

Traduzcamos el sobreprecio a lo único que debería importarnos: qué se dejó de comprar con ese dinero robado. Cada dólar de más que se pagó por una funda mortuoria en Guayaquil, cada dólar de más que se pagó por una dosis de Covaxin en Brasilia, es un dólar que no se convirtió en un tanque de oxígeno para alguien que se ahogaba en su propia casa, en un turno adicional para una enfermera exhausta, en un ventilador que habría llegado un día antes a la sala donde alguien luchaba por respirar. No hablamos de un fraude contable. Hablamos de recursos que existían, que estaban destinados a sostener la vida, y que un ser humano con firma y cargo decidió desviar hacia su propio bolsillo sabiendo —no podía no saberlo— exactamente lo que ese desvío costaría en cuerpos.

Que Nadie vuelva a llamarlo solo "Un Caso de Sobreprecio"

Hay que decirlo sin el eufemismo de los informes técnicos: quien firma la compra de una funda para cadáveres a doce veces su precio no es un funcionario que "incurrió en irregularidades administrativas". Es alguien que miró una fila de cuerpos —los cuerpos de personas que tenían nombre, que tenían familia, que hasta hacía pocos días tenían planes— y calculó, con la frialdad de un comerciante evaluando inventario, cuánto podía extraerle a esa fila antes de que alguien se diera cuenta. No hay atenuante posible para ese cálculo. Ni la urgencia de la pandemia, ni la presión del cargo, ni la supuesta opacidad del sistema lo explican: lo permiten, pero no lo explican, porque la decisión última —robarle a los muertos y a quienes los lloran— la tomó una persona concreta, con nombre y firma, que pudo no tomarla y la tomó igual.

Este espacio no va a pedir disculpas por el tono de esta entrada, y tampoco va a fingir el distanciamiento neutral que a veces exige el buen estilo. Frente a la corrupción que lucra con cadáveres, la neutralidad no es objetividad: es complicidad con un vocabulario más educado. La indignación que un médico o una enfermera sienten al leer la cifra de 148,50 dólares por una funda mortuoria no es un exceso emocional que haya que moderar. Es la reacción moral correcta, la misma que debería sentir cualquier sociedad que todavía se considere capaz de distinguir entre un error de gestión y un crimen contra los más vulnerables de los vulnerables. Ecuador, Brasil, Nueva York en 1868: el mapa cambia, el idioma cambia, la moneda cambia. Lo que no cambia es la naturaleza exacta del acto, y por eso este espacio se niega, de ahora en adelante, a describirlo con la cortesía técnica de "sobreprecio" o "irregularidad". Hay que llamarlo lo que es: robarle a los muertos, y a través de ellos, robarle a los vivos el derecho a que su Estado no se convierta jamás en depredador de su propia gente.